Aunque no es este el tema fundamental del blog en cuanto a mi dedicación profesional, si lo es por la empresa donde trabajo actualmente.

Todo el mundo está al corriente de la huelga de transportistas que estamos sufriendo estos días. Con independencia de las medidas que nuestra compañía ha ido tomando para minimizar en lo posible el impacto de la subida del gasóleo en nuestras cuentas y en la de nuestros proveedores, voy a dar mi opinión al respecto, que no representa necesariamente, como ninguno de mis comentarios, la de mi compañía. Sobre las actuaciones entre mafiosas y terroristas de los piquetes (nada nuevo), los vehículos apedreados y los conductores amenazados, ya hablaremos.

El incremento de precio del gasóleo es brutal. La carga impositiva del mismo también es muy alta. Pero es lo que hay. La única vía para salvarlo es repercutir el coste a los clientes (como hacen los bancos con el coste de su materia prima, el dinero). Y pretender que venga el estado a solucionar nuestros problemas de gestión con los clientes no parece una buena solución. La subvención solo serviría para posponer algunas medidas necesarias en el sector: excesiva atomización, competencia desleal (y no hablo de tarifas, sino de costes), competidores bordeando la ilegalidad (tiempos de descanso, velocidades, documentación, etc.). El incremento de la presión legal sobre el sector sería positivo. Me refiero a inspecciones y controles: tráfico, ITVs, seguridad social, etc. Ninguno de los que trabajamos en la legalidad nos opondríamos y, realmente, sería una ayuda para dignificar y mejorar, no sólo económicamente, la valoración de nuestra actividad.

Por cierto, desde enero de 2007 existe ya una devolución del importe correspondiente al incremento de los impuestos desde 2006 (o parte de él) con determinadas condiciones.

Otra queja es la de la "tarifa mínima" o una prohibición a la venta por debajo del coste. Esto es bastante complicado de regular. En la gran distribución (hiper y super) está regulada y prohibida la venta a pérdidas. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Si la marca de leche A cuesta 1,00 euro y el supermercado XYZ quiere vender a 0,85 (para atraer tráfico a sus lineales), basta con tener una factura a 0,84 y pagar los 0,16 restantes en forma de descuento por otros conceptos o en otros productos del proveedor. En el caso del transporte es aún más complicado. Supongamos que un viaje Sevilla-Madrid de un trayler cuesta 400 euros incluyendo todos los costes: amortización de vehículo, combustible,  horas de trabajo del conductor, parte proporcional de horas de descanso, averías, revisiones, etc. La supuesta nueva regulación impediría vender ese tráfico por menos de esos euros. Pero el que ha llegado a Sevilla y tiene que volver a Madrid para volver a cargar tiene dos opciones: volver vacío (ingreso 0 y coste no mucho menos de esos 400) o volver por, por ejemplo, por un ingreso de 200: ¿es eso penalizable?.

La primera medida para afrontar un problema es no ocultarlo (bueno, esto lo podrían escuchar alguno de nuestros gobernantes). Y esta subida de precios puede ayudar a que algunas soluciones "ocultas" se conviertan en posibles: incremento del transporte de mercancías por tren, vehículos eléctricos para repartos locales, miniplatadormas urbanas, etc.

Aunque lo que algunos no podemos dejar de preguntamos es: 
¿por qué si tuviera un tractor en vez de un camión el estado si me regalaría el gasóleo? 
¿por qué lanzar una piedra a una furgoneta que circula a 90 kmh no es perseguido? 
¿por qué no pueden trabajar los que quieren hacerlo? 
¿por qué las agresiones, destrozos y daños realizados por los piquetes quedan siempre impunes? 
¿para qué sirve el artículo 315.3 del Código Penal?